Éste, el día 7 de julio de 1609, en nombre del otorgante, advierte al juez que Pedro de Bujeda, al que se le comunicó el escrito de su parte, no ha devuelto los bienes y no se ha dignado, ni siquiera responder, debiendo en este caso el Sr. Juez Eclesiástico declararlo en rebeldía.
A los pocos días (10 de julio), al no haber recibido comunicación alguna del Juez Eclesiástico, envía un nuevo escrito. En él reitera la misma petición, amenazando con apelar a Su Santidad y Sede Apostólica y a la Chancillería de Granada para pedir el auxilio de la fuerza.
Al misino tiempo solicita que no intervenga el Fiscal, ya que dicho lugar y sus anexos son bienes temporales, libres de la jurisdicción eclesiástica y sujetos sólo a la jurisdicción real.
Ante el silencio del Juez, el 14 de julio, reitera la misma petición anterior.
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